Hoy por hoy: Privilegios insostenibles

El Estado panameño destina casi 169 millones de dólares en seguros privados de salud y vida para funcionarios de siete instituciones. Una cifra monumental que contradice el principio de equidad en el uso de los recursos públicos. Los contratos se reparten entre entidades clave: $122.5 millones para el Ministerio de Seguridad y sus 45 mil efectivos; $15 millones para el Órgano Judicial; $18 millones para la Autoridad del Canal de Panamá; y montos adicionales para el Ministerio Público, el Tribunal Electoral, el Metro y Transporte Masivo. La magnitud del gasto evidencia que no se trata de casos aislados, sino de una práctica instalada. Lo más indignante es la justificación. El Ministerio Público, por ejemplo, admite que la atención médica oficial “no satisface los requerimientos de toda la población” y que, para evitar consecuencias graves, se contrata un seguro privado. Es decir, el Estado reconoce la precariedad del sistema público, pero en vez de repararlo, paga prerrogativas para unos pocos. Eliminar estos privilegios es indispensable para empezar a cerrar esa brecha de desigualdad.