Tal y como se advirtió, el aumento que se otorgaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendría cola. Ahora, los del Tribunal Electoral siguen el ejemplo. En un país donde miles de panameños hacen malabares para estirar el huidizo “chen chen”, hay una casta que se blinda con fueros y privilegios, sin reparar en que cada ajuste automático presiona un presupuesto ya rígido y endeudado.
A las leyes especiales que garantizan aumentos salariales a decenas de gremios, se suman fallos y disposiciones que amarran porcentajes fijos del gasto a instituciones específicas, así como la creación de fondos de jubilación especiales que permiten retirarse con el 100% del último salario, como el aprobado por la Corte. Esto deja cada vez menos espacio para atender emergencias, invertir en infraestructura o impulsar programas sociales.
El resultado es un presupuesto que se aprueba más por inercia legal que por planificación estratégica. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas debe cuadrar cuentas con piezas que no se pueden mover, y el país entero paga el costo de estos privilegios disfrazados de derechos adquiridos.