La ratificación de la condena en el caso New Business, tras el rechazo de nuevas demandas de inconstitucionalidad impulsadas por Ricardo Martinelli, tiene implicaciones que van más allá del expediente penal. Refuerza una sentencia firme y debilita aún más la tesis de persecución política invocada para sostener un asilo cada vez más carente de sustento.
El asilo protege a perseguidos, no a condenados que rehúyen cumplir un fallo. Cuando los recursos legales se agotan y la justicia reafirma la validez de la condena, cambia también el lenguaje con que debe describirse la situación: no se está ante un perseguido político, sino ante un prófugo.
Ese punto importa. Normalizar que una persona condenada pueda eludir la ejecución de una sentencia mientras se ampara en una narrativa política erosiona el Estado de derecho. También envía un mensaje de impunidad. Panamá necesita afirmar lo contrario: que las condenas se cumplen, que la justicia no se negocia y que el asilo no puede servir de refugio para prófugos.
Martinelli salió por la puerta giratoria de la que habló recientemente el presidente de la República. Resulta contradictorio combatir ese mecanismo cuando favorece a narcotraficantes y pandilleros, pero tolerarlo cuando beneficia a un condenado por corrupción.
