Semanas atrás criticamos los poderes cautelares otorgados a la Contraloría General de la República (CGR). Nuestra posición no ha variado, pues consideramos que se trata de atribuciones propias del Poder Judicial. Hace poco, el exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla fue objeto del ejercicio de estas facultades, y ahora lo es el exvicepresidente y exministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo. En ambos casos concurren dos características similares: la conclusión de la CGR sobre graves irregularidades en el manejo de fondos públicos y la posibilidad de enriquecimiento injustificado. Sin duda, tales hallazgos pueden persuadir a algunos de considerar convenientes estas facultades cautelares, al sostener que son mecanismos expeditos y efectivos para combatir la corrupción. No obstante, esta percepción no elimina la duda de que dichos poderes se apliquen siempre con apego estricto a la ley. En los casos concretos de los mencionados políticos, les corresponde acudir ante las autoridades que tutelan sus garantías y defender allí sus derechos. En los demás, la entereza, la prudencia y la sujeción de la autoridad a la legalidad serán las verdaderas garantías de los derechos de todos los panameños.
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Hoy por hoy: Prudencia frente al poder cautelar
07 nov 2025 - 05:01 AM