Panamá necesita infraestructura portuaria moderna y funcional. Isla Margarita, en Colón, fue escogida hace más de una década como escenario para un megaproyecto que prometía desarrollo, empleo e ingresos para el Estado. Hoy, ese puerto es apenas un terreno embargado, cruzado por litigios entre socios y concesionarios que incumplieron casi todo lo que firmaron.
La reciente orden judicial que congela 50 fincas vinculadas a Panama Colon Container Port (PCCP) agrava una situación ya crítica: la concesión marina fue cancelada, los plazos vencieron y los nuevos “compradores” aparecen sin claridad ni respaldo oficial. La Autoridad Marítima no ha autorizado ninguna transacción, pero tampoco hay decisiones firmes sobre el futuro del proyecto.
Mientras el Estado no actúe con firmeza, seguirá atrapado en una red de intereses privados que dilatan y paralizan. El país necesita puertos activos, no pleitos interminables ni promesas rotas. El desarrollo no puede depender de empresarios que no cumplen ni de jueces que congelan, pero no resuelven.
