El hueco sigue ahí. La inconstitucionalidad del contrato cerró una etapa, pero no borró la mina, sus riesgos ambientales, los arbitrajes, los empleos ni la obligación del Estado de decidir qué hacer con Donoso.

El anuncio presidencial de abrir conversaciones con Minera Panamá no equivale a restaurar el contrato declarado inconstitucional ni a autorizar automáticamente una reapertura. Esa distinción debe mantenerse durante todo el proceso.

El Gobierno ha fijado principios que deben ser irrenunciables: soberanía sobre los recursos, beneficio económico verificable, protección ambiental independiente, respeto constitucional, fin de los arbitrajes y un cierre ordenado y financiado por la empresa. Ahora hay que convertir esos principios en condiciones públicas, medibles y exigibles.

También debe escucharse a las comunidades, a los trabajadores, a los sectores productivos y a quienes se opusieron legítimamente al contrato anterior. La participación ciudadana no puede ser un trámite posterior ni una consulta simbólica. Debe acompañar la negociación desde sus primeras etapas, con información y acceso a las evaluaciones técnicas, jurídicas y ambientales.

Panamá requiere una salida responsable. No una decisión apresurada, ni el retorno a las opacidades que el país rechazó. El futuro de Donoso debe resolverse con legalidad, transparencia y beneficios comprobables para la Nación, sin obviar los costos ambientales y sociales.