Más allá del nombre de quien sea electo para presidir la Corte Suprema de Justicia durante los próximos dos años, lo que el país reclama con urgencia es justicia. No una justicia selectiva ni complaciente, sino una que se exprese en decisiones coherentes, oportunas y apegadas estrictamente a la Constitución y a las leyes.
El Órgano Judicial no puede seguir siendo noticia por debates sobre jubilaciones especiales, aumentos salariales o beneficios para su propia burocracia, mientras la ciudadanía percibe lentitud, desigualdad y permisividad frente al poder. Panamá necesita jueces y magistrados que transmitan seguridad jurídica y garanticen que todos los ciudadanos —sin importar apellido, cargo o cercanía política— sean tratados con el mismo rasero.
La independencia judicial no es un discurso: se demuestra cuando amigos del poder que confiesan delitos no terminan caminando libres por las calles y cuando las decisiones no responden a presiones externas ni a cálculos internos. El país espera del próximo liderazgo judicial responsabilidad, equilibrio y renovados bríos para garantizar la confianza pública. Sin justicia creíble, no hay democracia que se sostenga ni Estado de derecho que resista.