En reciente entrevista televisiva, el ministro de Seguridad Pública reveló el motivo por el que tres políticos de Colón terminaron en la isla penal de Coiba: fueron trasladados luego de solicitar, tras su detención, ser internados “en uno de los pabellones [de la cárcel de Nueva Esperanza] de una de las bandas más poderosas de Colón”. Al margen de lo que ello pueda significar –ser parte de la banda, amistad con sus líderes o miembros, etc.–, lo preocupante es que el ministro admita el control que tiene un grupo de pandilleros sobre un pabellón específico en un recinto carcelario. ¿No se supone que el control lo tiene la Dirección del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno? ¿Qué hace la ministra de Gobierno para desmantelar ese poder? Es vergonzoso que, sabiendo lo que ocurre en Nueva Esperanza, lo mejor que se les ocurre sea trasladar a los detenidos, dejando intacto el poderío de las bandas. Estos criterios de gobernanza dejan mucho que desear sobre la competencia de estos funcionarios, especialmente cuando la ministra actúa como si las cárceles fueran lugares para fraternizar y los reclusos, compañeros de parranda.
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