La Cancillería ha estado al tanto desde hace ocho meses de que hay reclutadores en Panamá que están engañando a jóvenes que buscan empleo –en este caso como mercenarios– en la guerra Rusia-Ucrania.
Panamá admite, al menos, 15 nacionales trasladados a la zona de conflicto, sin saberse oficialmente el número exacto de muertes, heridos o desaparecidos, salvo por las versiones de amigos y conocidos. Es inconcebible que el Gobierno no haya advertido al país de estos fraudes ni haya aconsejado a los jóvenes de abstenerse de participar en una confrontación sin un riguroso entrenamiento militar.
Aunque los reclutados son libres de elegir, el Gobierno debería ofrecerles información veraz para que tomen decisiones sabiendo a qué se enfrentarán, mientras la Cancillería debería comunicarse con la Embajada rusa y quejarse de que con engaños no pueden seguir reclutando.
Remata todo lo anterior, el silencio cómplice del Ejecutivo frente a los agravios emitidos por la delegación rusa cuando este medio divulgó la noticia. Ambas omisiones revelan el poco respeto con que, desde la Presidencia, se defiende el país.
