La huelga indefinida y los bloqueos que persisten en Bocas del Toro, pese a haber sido declarados ilegales por un juzgado laboral, han colocado a la provincia en una situación límite. Sin acceso regular a alimentos, medicinas o combustible, es la propia población —trabajadores, familias, pequeños comercios— la más golpeada por una protesta que ha perdido norte. La defensa de derechos laborales y sociales es legítima, pero no puede sostenerse a costa de otros derechos igualmente fundamentales: salud, movilidad, educación, seguridad alimentaria.
El Gobierno ha advertido que hay 7,500 empleos en riesgo. Cada día de paralización profundiza el desabastecimiento y aleja soluciones reales. Por supuesto que la reactivación de labores no significa claudicar en las demandas.
Bocas y el país necesitan recuperar su ritmo. Toca restablecer los canales de diálogo sin coacción y con responsabilidad. La salida a esta paralización no será por la imposición, sino por el sentido común: el que pone a la gente por delante.