La Asamblea Nacional finalmente aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social para que rinda cuentas sobre la crisis en los albergues, particularmente el CAI de Tocumen. Tras dos intentos fallidos, el pleno corrigió. Es justo reconocerlo: cuando se trata de la protección de niños y adolescentes bajo tutela estatal, la rendición de cuentas no puede bloquearse.
La citación no es un acto de confrontación política, sino un mecanismo básico de control democrático. El cuestionario aprobado aborda estándares, protocolos, sanciones, posibles casos de maltrato y uso de fondos públicos. Son preguntas necesarias ante denuncias graves.
Sin embargo, esta rectificación contrasta con decisiones recientes en la Comisión de Economía, donde se rechazó una iniciativa orientada a ampliar la transparencia en las contrataciones públicas. En un momento en que el país exige más control institucional, ese mensaje fue, cuando menos, desafortunado.
La Asamblea dio un paso correcto en el pleno. Ahora debe demostrar que ese compromiso con la supervisión no depende del tema ni del momento, sino de principios.