La reciente decisión judicial que dejó sin efecto la restricción que impedía a la periodista Sabrina Bacal informar sobre los hermanos Carretero Napolitano merece una reflexión más amplia que el caso puntual. El debate no se limita a una controversia entre particulares. Lo que estuvo en juego fue el principio esencial de que, en una democracia, la libertad de informar no puede ser limitada mediante mecanismos que se asemejen a la censura previa.
Las instituciones no son infalibles. Los errores o excesos pueden ocurrir. Lo importante es que existan mecanismos que permitan revisarlos y corregirlos. En este caso, la intervención de un juez de garantías permitió reexaminar una medida que generó preocupación entre organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de expresión.
Ese proceso de revisión es precisamente lo que fortalece al Estado de derecho. Cuando el sistema judicial corrige decisiones que afectan libertades fundamentales, no se debilita: se legitima, porque en esa rectificación se materializa el Estado de derecho. La democracia se sostiene, en buena medida, sobre esa capacidad institucional de rectificar.