En la comisión de Gobierno de la Asamblea se discute un proyecto de ley que pretende endurecer las reglas sobre réplicas de las personas que se sientan afectadas por noticias inexactas o agraviantes en los medios, a fin de exigir rectificaciones. Cuando se trata de casos como esos, los medios deben corregir. Pero cuando un funcionario o ciudadano ha sido contactado de antemano para dar su versión y no quiere hacerlo, surge una pregunta inevitable: ¿se supone que luego el medio debe darle la misma prominencia, en el mismo espacio donde apareció la noticia, si decide replicar después sin haber respondido a las preguntas formuladas por el periodista?
Eso parece abusivo. El proyecto incluso establece que la respuesta del agraviado puede ser “razonablemente mayor”, según las circunstancias, restándole margen de decisión al medio y ordenando dónde debe publicarse la réplica.
Pero hay un problema más profundo. Cuando una ley obliga a los medios a publicar versiones que no forman parte de su propio proceso informativo, termina limitando el derecho de informar. No se trata solo de corregir errores, sino de imponer un relato que puede diluir el efecto de la noticia. El resultado es que la información pierde fuerza y el lector queda ante dos versiones contrapuestas, preguntándose a cuál creerle.
Si van a dar lecciones de moralidad, empiecen en su propia casa.