La decisión del Estado de rescindir el contrato de concesión de la principal arrendataria de isla Naos representa un paso en la dirección correcta, aunque llegue con un retraso difícil de justificar.
Han transcurrido 24 años desde que la concesionaria recibió estos terrenos con el compromiso de desarrollar un proyecto, solo para terminar incumpliendo sus obligaciones contractuales. La medida administrativa finalmente adoptada demuestra que los contratos públicos no deberían ser inmunes al escrutinio.
Sin embargo, el país no debe conformarse con que sea recuperado el terreno dado en concesión. El gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que los incumplimientos tengan consecuencias económicas. Si existen cánones pendientes o cualquier otra obligación insatisfecha, es imprescindible el pago íntegro de lo adeudado, incluyendo los intereses que procedan e, incluso, las compensaciones que la ley permita reclamar por los perjuicios ocasionados por la ocupación improductiva de uno de nuestros predios públicos con mayor potencial de desarrollo turístico, justo en la entrada de una de las siete maravillas del mundo moderno.
Corregir ese error es positivo, pero la verdadera señal de firmeza será demostrar que quien quebranta un contrato con el Estado tendrá que asumir consecuencias reales y completas.
