El Decreto Ejecutivo 10, lejos de ordenar el transporte con plataformas digitales, ha abierto un frente de inconformidad. La reacción de usuarios, conductores, empresarios y hasta sectores políticos evidencia que la medida nació sin el nivel de consulta que exige un cambio de esta magnitud.
Al imponer certificados de operación y depender del aval de prestatarias, se corre el riesgo de crear un esquema de control cerrado que se asemeja a un oligopolio, donde la oferta queda limitada y la competencia se reduce.
Esto no solo afectaría a los usuarios, que podrían enfrentar menos opciones y mayores costos, sino también a miles de conductores que encontraron en estas plataformas una forma digna de generar ingresos.
Resulta llamativo que, mientras casi todos los sectores expresan reservas, solo las prestatarias tradicionales celebren la medida. El propio presidente José Raúl Mulino ha anunciado que revisará el decreto. Esto confirma que la decisión requiere ajustes urgentes y un diálogo real con todas las partes involucradas.
