Entre 2019 y 2024, Panamá registró perjuicios por $190 millones en delitos contra la administración pública, de los cuales solo se recuperaron $50 millones. La cifra revela la debilidad estructural del sistema anticorrupción, que enfrenta problemas tanto en la legislación como en los controles previos y posteriores y en la recuperación de bienes.
En el caso New Business, los hermanos Martinelli fueron condenados en 2023 a pagar $19.2 millones, pero el Estado aún no ha recuperado nada.
En el caso de Odebrecht, la multa impuesta a la empresa fue una forma de sanción, pero el juicio a los coimeadores sigue pendiente. En ambos casos, la opacidad en los acuerdos de pena no permite saber si realmente hubo una recuperación efectiva de los fondos defraudados.
La ejecución de sentencias y la recuperación de bienes continúan siendo ineficaces, lo que convierte a la corrupción en un negocio barato para los responsables.