El juicio Odebrecht no solo examina responsabilidades individuales. Mide si el Estado panameño es capaz de romper una cadena —o incluso una tradición— de impunidad que atraviesa las contrataciones públicas, el financiamiento político y el sistema financiero, y que ha sobrevivido a gobiernos, partidos y promesas de cambio.
Pero el proceso también interpela a la sociedad. Durante años se toleró el lavado de reputaciones mientras se lavaba dinero, se normalizaron intermediarios, se celebraron obras sin exigir cuentas y se miró hacia otro lado cuando la corrupción financiaba campañas. Esa tolerancia contribuyó a que la impunidad se volviera endémica en Panamá.
Ese examen ocurre, además, en un contexto preocupante. El Ministerio Público ha sido ignorado tanto por el Ejecutivo como por la Asamblea en su reclamo de herramientas legales y recursos para fortalecer la lucha anticorrupción. A ello se suman mensajes de impunidad, como las rebajas de pena en casos de corrupción, que debilitan la disuasión y refuerzan la percepción de que delinquir desde el poder sigue teniendo bajo costo.
Si este juicio no logra fijar una recomposición de la institucionalidad, Odebrecht no será un punto de inflexión, sino otra oportunidad perdida.
