Hace escasos días, conocimos dos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, que decidió mantener el acceso restringido a las actas del pleno y el registro de personas que ingresan o egresan de las dependencias judiciales o administrativas del Órgano Judicial.
¿Por qué este secretismo? Los panameños, teniendo acceso a esta información, podríamos tener una idea clara de quiénes son los lobistas, de los que tienen acceso a los magistrados –y sus sentencias–, de cómo se cuecen las habas en el pleno; de quiénes se esconden detrás de la mayoría para defender lo que abiertamente buscan que se apruebe o rechace.
Los magistrados actúan con la transparencia de un político, cuando son ellos los que deben poner el ejemplo de transparencia. Por eso, las reacciones no se han hecho esperar: se puede esperar que la fase deliberativa de una sentencia deba ser restringida, pero no justifica una conducta que priorice el secretismo sobre la rendición de cuentas.
Si ellos lo exigen a los demás, ¿cómo es que no pueden actuar de la misma forma? No es la primera vez que los magistrados hacen esto: ya lo hicieron hace diez años. Entonces, ¿cómo esperar un cambio si nada cambia?
