El principio de legalidad en la gestión pública no admite atajos ni interpretaciones convenientes: ningún funcionario puede recibir un beneficio que no esté expresamente autorizado por la ley y contemplado en el presupuesto.
La advertencia de la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, sobre la pretensión de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre de otorgar pólizas de vida a su junta directiva, incluidos miembros que ni siquiera son servidores públicos, confirma lo evidente: muchas de estas decisiones requieren una ley y, al no existir, resultan ilegales.
Catorce instituciones han destinado millones de dólares a este fin, mientras la gran mayoría de los funcionarios y ciudadanos deben cubrir de su bolsillo cualquier póliza. El contraste es obsceno y erosiona la confianza en el Estado.
Villalaz recordó que el principio de legalidad obliga a que cualquier gasto esté debidamente sustentado en norma y presupuesto. Por lo tanto, resoluciones que pretendan otorgar privilegios sin ese respaldo carecen de validez jurídica.