La contratación de seguros privados no solo refleja un gasto significativo, sino que pone de manifiesto una desigualdad en la distribución de los recursos dentro del Estado. Este beneficio llega a ciertos funcionarios que, por su posición institucional, han logrado acceder a él.
El personal del Órgano Judicial, del Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Bancos de Panamá, por ejemplo, gozan de seguros privados, mientras otros sectores fundamentales, carecen de los recursos básicos. Esta situación genera que tengamos funcionarios de dos clases: los que tienen el privilegio y los que no.
Peor aún, la práctica equivale a gastar doblemente, pues mientras se financian seguros privados con fondos estatales, se sigue destinando presupuesto a la Caja de Seguro Social y al Ministerio de Salud sin exigirles mejoras sustanciales. Antes de cargar con ese doble gasto, la prioridad debería ser fortalecer el sistema público que atiende a la mayoría de la población.
