El presidente de la República ha optado por presentar la irrupción del contralor en una fiscalía anticorrupción como un simple desencuentro entre funcionarios. No lo es. Lo ocurrido el 9 de abril es un hecho grave que pone a prueba los límites institucionales y el respeto al Estado de derecho.
Mientras el Ministerio Público investiga una posible obstrucción de la justicia, el mandatario ha elogiado sin reservas al contralor general de la República. Ese respaldo, en medio de una investigación, no es neutro: envía una señal política clara.
Ningún funcionario puede irrumpir en una diligencia judicial, emitir un comunicado sin explicaciones creíbles y permanecer en silencio durante una semana. Reducirlo a un conflicto personal trivializa un hecho que afecta la confianza en las instituciones.
Más preocupante aún es el intento del oficialismo de desviar la atención cuestionando a las fiscalías anticorrupción. Aquí no está en juego una disputa contralor-procurador, sino el respeto a la ley. Sin consecuencias, el mensaje será inequívoco: los límites existen, pero no para todos.
