Las sustentaciones presupuestarias vuelven a exhibir un patrón conocido: casi ninguna institución parece tener suficiente. Ministerios, universidades y entidades autónomas llegan a la Asamblea Nacional con solicitudes millonarias y largas listas de necesidades, mientras cuestionan los recortes recomendados. Estas comparecencias tienen un valor adicional: constituyen una de las pocas ocasiones en que el ciudadano puede conocer, aunque sea parcialmente, cómo se administra el dinero de todos. Por eso, las preguntas sobre planillas, viajes, combustible, consultorías y otros desembolsos resultan indispensables para mirar detrás de las grandes cifras. Pedir más dinero es legítimo cuando existen necesidades justificadas, pero también exige demostrar eficiencia, prioridades y resultados. La discusión no puede limitarse a cuánto solicita una institución, qué cantidad recibe y si es más o es menos de lo que le correspondió en el presupuesto anterior. Antes de abrir más la billetera pública, corresponde saber qué ocurrió con cada dólar ya entregado y qué resultados concretos produjo.