La Ley de 6 de 2002 o Ley de Transparencia tiene tantas interpretaciones como instituciones obligadas a su cumplimiento. Mientras unas tratan de mantener actualizada la información y proporcionar al ciudadano lo que están obligadas a dar por ley, otras sencillamente deciden ignorar estas normas. Incluso, hay evidencias de que destruyen información para no dejar rastros de sus fechorías y, a pesar de ello, nadie recibe ni siquiera una amonestación, mucho menos una multa o sanción. Un ejemplo de esta falta de transparencia son las distintas planillas de las instituciones y empresas públicas, así como sus respectivas juntas directivas, cuyos miembros reciben dietas —algunas, injustificadamente—, pero el pago de estas no se refleja en la información que debe ser de libre acceso. No es que el ciudadano deba pedirla, sino que las instituciones deben tenerla en línea. Entonces, es clara la ausencia de una cultura de transparencia en el manejo de lo público, y con ello indiscutible la actitud de opacidad en estos temas. Por ello, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información debe adoptar una postura proactiva y con ello obligar a las entidades a publicar esa información, de forma que el ciudadano no tenga que pedirla. Al final, el gobernante está obligado a rendir cuenta y no esperar a que se le sancione por la falta de divulgación de información pública.