Hoy por hoy: Trasladar la planilla no corrige el problema

El cierre de las oficinas de participación ciudadana de la Asamblea Nacional no resuelve el problema de fondo que ha marcado durante años al Legislativo: el uso ineficiente de fondos públicos para sostener estructuras administrativas cuya utilidad nunca quedó claramente demostrada. Según explicó el presidente de la Asamblea, los funcionarios que trabajaban en esas oficinas han sido reubicados en otras entidades públicas, incluidas juntas comunales y alcaldías. Pero trasladar personal de un lugar a otro no corrige el problema si los salarios continúan pagándose desde una planilla que aparentemente excede las necesidades reales de la institución. El cierre de esas oficinas, lejos de zanjar el debate, deja claro algo más profundo: si podían desaparecer sin afectar el funcionamiento del Legislativo, entonces muchas de esas plazas nunca fueron indispensables. Además, surgen preguntas inevitables. ¿Qué funciones concretas desempeñarán ahora esos funcionarios en instituciones que ya cuentan con estructuras administrativas propias? ¿Quién supervisará su trabajo? La discusión no debería centrarse en dónde trabajan ahora, sino en si el dinero público está siendo utilizado con responsabilidad.