Las tensiones entre la Contraloría y miembros de la bancada Vamos dejaron hace rato de ser simples diferencias administrativas. La suspensión de salarios, los recursos ante la justicia y las investigaciones abiertas reflejan una fricción institucional que merece algo más que silencios.
Hay un dato particularmente revelador: después de guardar silencio desde el 9 de abril, cuando irrumpió en una diligencia del Ministerio Público sin ofrecer mayores explicaciones públicas, la primera declaración de viva voz del contralor fue para arremeter contra quienes lo cuestionan desde la Asamblea Nacional.
Mientras escala el choque entre instituciones, el presidente de la República parece inclinarse, con su silencio y sus llamados a “allanar diferencias”, a favor del contralor, pese a tratarse de un caso que plantea serias dudas sobre una posible extralimitación de funciones.
A esto se suma la pasividad del presidente de la Asamblea, que continúa sin asumir un rol más firme frente a un asunto que involucra directamente la autonomía del Legislativo. El problema ya no es únicamente lo que hace el contralor, sino la normalización progresiva de actuaciones extraordinarias sin controles visibles. En democracia, la fiscalización es necesaria, pero también lo son los límites al poder.
