El proyecto de presupuesto general del Estado para 2027, cercano a los $35,111 millones, confirma una tendencia preocupante: un Estado cada vez más costoso, financiado en buena parte con deuda. Solo la planilla de todo el sector público no financiero -Gobierno Central, instituciones descentralizadas y empresas públicas- superará los $8,000 millones, mientras los ingresos, dividendos y recaudación tributaria siguen siendo insuficientes para cubrir todas esas necesidades. Sin embargo, el aparato estatal continúa expandiendo sus compromisos, porque a este panorama se suma ahora la decisión de la Corte Suprema de Justicia de reconocer el pago de prima de antigüedad a ministros, diputados, alcaldes, directores y otros funcionarios de elección o alta jerarquía. Más allá del fundamento jurídico, surge un auténtico reto: ¿de dónde saldrán los recursos para asumir ese nuevo gasto permanente? Las finanzas públicas tienen límites y la responsabilidad fiscal exige que toda decisión con impacto presupuestario esté sustentada con una fuente de financiamiento. ¿Cuánto tiempo podrá el país sostener un Estado que crece más rápido que la economía que lo financia? Panamá necesita un presupuesto que fomente la inversión, fortalezca los servicios públicos y estimule la actividad económica; no uno cuyo gasto corriente está en permanente expansión.
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