El próximo 11 de octubre entrará en vigor el nuevo Código Procesal Civil, una reforma largamente esperada que promete transformar la justicia en Panamá. Inspirado en la experiencia del Sistema Penal Acusatorio, el cambio introduce la oralidad en los procesos civiles, dejando atrás los expedientes interminables y las dilaciones que han alimentado el rezago judicial.
El magistrado Olmedo Arrocha, principal impulsor de la iniciativa, asegura que los juicios de primera instancia, que hoy demoran un promedio de 900 días, podrán resolverse en un año. En segunda instancia, casos que antes tardaban hasta cuatro años deberán concluir en seis meses.
El reto no es menor: la preparación de jueces, abogados y funcionarios será clave para que la reforma cumpla sus objetivos. También lo será la adecuada asignación de recursos, pues la modernización exige tecnología, capacitación y voluntad política.
La justicia civil necesita credibilidad y eficiencia. Es, además, el mecanismo idóneo para igualar las asimetrías que generan los conflictos sobre bienes, contratos y derechos económicos, un aspecto esencial en una sociedad marcada por la desigualdad estructural. Si este código logra reducir los tiempos y fortalecer la confianza ciudadana, habrá marcado un hito en la administración de justicia panameña.