En plena crisis del sistema de pensiones y con miles de jubilados sobreviviendo con menos de $500 mensuales, la Corte Suprema de Justicia aprobó un privilegio difícil de justificar: una jubilación especial de hasta $14 mil al mes para magistrados y jueces, vigente desde enero de 2025. El Acuerdo 407, mantenido en reserva por más de un año, supera con creces los estándares nacionales —hasta ahora, el tope más alto era de $7 mil— e internacionales, dejando atrás incluso a países como España, Argentina o México.
Este es el segundo beneficio que la Corte se otorga en un año, sumado a un aumento de su remuneración mensual de $10 mil 125 a $14 mil. La señal enviada es inequívoca: en un país con estrechez fiscal y un sistema de pensiones al borde, quienes deberían ser guardianes de la justicia se colocan por encima de la ley común. El riesgo no es solo económico; es moral e institucional. La Corte ha abierto una puerta que otros tribunales y entes podrían imitar, profundizando el abismo entre poder y ciudadanía.