El atraso en las transferencias del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los municipios no es un simple desajuste contable: es una falla estructural que pone en entredicho la descentralización y la autonomía municipal. La excusa del Ministerio de Economía y Finanzas —basada en estimaciones conservadoras y morosidad tributaria— no justifica un desfase de casi $500 millones entre lo recaudado y lo girado.
Los municipios dependen de esos dineros para ejecutar obras, mantener servicios básicos y responder a las comunidades. La descentralización no puede seguir siendo un discurso vacío mientras el Estado desconozca obligaciones creadas por ley.
Urge establecer mecanismos que garanticen que las recaudaciones se transfieran de forma oportuna, transparente y completa. De lo contrario, se perpetúa una inequidad estructural: un Estado que recauda en nombre de las comunidades, pero no devuelve lo que les corresponde por ley. Cumplir con las transferencias del IBI es, en esencia, cumplir con la democracia local.