El país fue testigo de un hecho inédito el 9 de abril: un contralor irrumpiendo en una diligencia judicial, desafiando normas y procedimientos que sostienen nuestra institucionalidad.
Ninguna explicación —ni siquiera las palabras del presidente de la República buscando suavizar tensiones— logra reparar el daño hecho. El contralor ha decidido guardar silencio cuando hoy se cumplen dos semanas de lo ocurrido. No tiene una explicación.
Pero ahora que sabemos que la investigación del Ministerio Público avanza, la prudencia y el respeto al marco legal son más urgentes que nunca. Enhorabuena que, en medio de esta tensión, la institucionalidad siga su curso.
Corresponde ahora a la juez de garantías asumir su papel y garantizar que la investigación avance con imparcialidad, respeto a la ley y la certeza de que nadie está por encima del orden jurídico.
Este episodio es un recordatorio claro: cumplir la ley es el deber del servidor público. No sujetarse a ese deber equivale a romper la institucionalidad. Ni más ni menos.
