Algunos miembros de la Asamblea se conducen como integrantes de una red criminal: tienen reglas no escritas, cuidan territorio, adoptan una jerarquía, ajustan cuentas y actúan contra cualquiera que se convierta en un obstáculo. Pareciera que también les gusta atemorizar a la gente.
Esta semana, la Comisión de Gobierno acogió una propuesta que elimina los antecedentes penales de quienes cometen delitos “de baja lesividad” o cuya condena no supere tres años de prisión, lo que convierte el récord policivo en un instrumento inútil: si alguno aplica a un puesto, el empleador no podrá conocer el historial delictivo.
Pero como estos próceres de la Asamblea se alinean contra todo aquel que se ponga por delante también pretenden modificar el Código Penal para -so pretexto de defender su honor- eliminar la prohibición que les impide proceder penalmente contra periodistas o ciudadanos que investiguen o cuestionen los abusos de poder.
Sus impulsores se han caracterizado precisamente por denigrar y acusar a quien les da la gana, con o sin sustento, cobijados por el blindaje del artículo 154 de la Constitución, que señala que los miembros de la Asamblea “no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio del cargo”. Pareciera que para esta Asamblea, el delito no es delinquir, sino descubrirlos.
