Zaira Santamaría y su hija, Sherina Latorraca, vuelven, por voluntad propia, a colocarse en la picota pública. La primera vez fue a raíz de un accidente de tránsito; ahora, por una situación que plantea un evidente conflicto de interés.
En 2003, Sherina, entonces menor de edad, atropelló a una mujer y a su pequeño hijo, quien murió. Años después, durante la postulación de Santamaría como magistrada suplente de la Corte, enfrentó señalamientos públicos de supuesto encubrimiento relacionados con aquel caso. La gravedad de esos cuestionamientos fue suficiente para que la Asamblea se abstuviera de ratificarla.
Ahora, Sherina es la directora de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y su madre preside el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, instancia que puede resolver recursos de apelación en controversias surgidas de esa institución. En pocas palabras, la madre podría conocer asuntos en cuyo análisis jurídico haya intervenido la hija.
Todos tienen derecho a trabajar, pero, ¿tiene que ser precisamente en las dos únicas entidades cuya razón de ser son las contrataciones públicas? Y una magistrada debería comprender que no basta con alegar legalidad. Una madre puede defender a su hija; una magistrada debe preservar la apariencia de independencia. Ignorar y defender públicamente este conflicto resulta, cuando menos, una desfachatez.
