El Consejo Municipal necesitó menos de cinco minutos para tramitar, bajo la figura de “urgencia notoria”, un acuerdo de 104 artículos que transformó a los vigilantes municipales en una estructura con rangos, armas de fuego y facultades para requisar, registrar vehículos y aprehender ciudadanos. Semejantes atribuciones exigían estudio, debate y prudencia. Dos representantes pidieron enviar el documento a comisión y uno cuestionó las disposiciones sobre el uso de la fuerza.
La mayoría siguió adelante: 19 representantes aprobaron el Acuerdo Municipal 162 de 2025 y tres se abstuvieron. La responsabilidad política también alcanza al alcalde capitalino, impulsor de la iniciativa. Ante las objeciones, criticó que los representantes expresaran sus reparos en el pleno y sugirió que buscaban “hacer taquilla”.
Tras el violento episodio de Hatillo y los cuestionamientos constitucionales ante la Corte, aquellas advertencias adquieren otra dimensión. La justicia determinará la constitucionalidad del acuerdo, pero no hace falta una sentencia para evaluar la responsabilidad política de quienes promovieron y aprobaron, prácticamente sin discusión, semejantes facultades.
Portar armas, emplear la fuerza y aprehender ciudadanos son potestades demasiado delicadas para concederlas a la carrera. Ciento cuatro artículos merecían mucho más que cinco minutos.
