Las transferencias extraordinarias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a juntas comunales vuelven a encender alertas sobre el uso discrecional de los fondos públicos. Aunque la ley faculta al ministerio a realizar estos traslados, el problema no es la legalidad, sino la selectividad. Cuando los recursos se concentran en juntas controladas por diputados del partido gobernante, la sospecha política resulta inevitable.
Este patrón contrasta con los avances en el manejo responsable de las finanzas públicas que ha logrado el MEF. Un control fiscal más estricto y una narrativa de prudencia no son consistentes con transferencias que, aun siendo legales, carecen de una explicación convincente sobre su equidad. En la administración pasada fueron las millonarias partidas de la llamada descentralización paralela, muchas aún bajo investigación. Hoy los montos son menores, pero la lógica preocupa: ayudas dirigidas a copartidarios, mientras comunidades con mayores niveles de pobreza quedan al margen.
La equidad debe ser el principio rector. Los criterios tienen que ser claros, públicos y aplicados sin considerar lazos políticos. De lo contrario, el presupuesto seguirá viéndose como herramienta de clientelismo y no como un instrumento para atender necesidades reales.
