Hoy por hoy

La Contraloría General de la República examinó las cuentas relacionadas a los contratos de las ciudades deportivas adjudicadas en el gobierno pasado. Según han informado los auditores, en el proyecto de la ciudad de David se identificó una lesión patrimonial de 8 millones 507 mil 285 dólares. El modus operandi es ampliamente conocido: el Estado adjudicó el contrato en su modalidad “llave en mano”, que en realidad no lo es, ya que a través de los certificados de no objeción, el Estado terminó financiando las francachelas de viajes y estadías en hoteles de lujo en Europa, los incrementos patrimoniales y los pagos a terceros que no guardan relación alguna con los proyectos y sus avances. El escándalo de las ciudades deportivas parece pequeño, pero se trata de fondos desviados que habrían alcanzado para atender importantes necesidades que fueron ignoradas en la administración pasada. La opinión pública tiene ya fatiga de casos de corrupción que se ahogan en el Órgano Judicial, y que terminan por convertir en un deporte la impunidad de los políticos. Ojalá este no sea uno más de esos casos.