La licitación de la línea 2 del Metro de Panamá es una oportunidad para que el gobierno actual marque un antes y un después en materia de contrataciones públicas. El Estado no tiene por qué vincularse a empresas sospechosas de coimas, colusión, tráfico de influencias y otras triquiñuelas que perjudican el buen manejo de los asuntos gubernamentales.
Todavía la administración Varela está a tiempo de corregir prácticas que en nada convienen al país y que, por el contrario, pintan al Estado como un posible cómplice de la corrupción transnacional. Es importante recordar que el costo estimado de la línea 2 representa varias veces el presupuesto de Salud o el de Educación del país.
Así mismo, la inversión que se vaya a realizar significa la movilización de recursos que no se pueden utilizar en otros ámbitos de la cosa pública. El reto es obvio. Más transparencia en esta contratación y más integridad en la gestión del proyecto son iguales a menos dolores de cabeza en el futuro. La lección aprendida debe ser que la honestidad es la mejor política pública, y todo lo que vaya contra este principio está de más en nuestra sociedad.