En violación flagrante de la Ley 53 del año 2015, la norma que establece la carrera judicial en Panamá, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia y el pleno del máximo tribunal han seleccionado y nombrado a dedo a cientos de funcionarios judiciales que serán los encargados de aplicar el sistema penal acusatorio en el principal distrito judicial del país. La excusa argumentada para no realizar los concursos y entrevistas públicas que demanda la ley de Carrera Judicial es totalmente pueril: no hay dinero. El presidente de la Corte Suprema de Justicia nunca ha estado interesado en realizar dichos concursos ni que otras entidades fiscalicen el rendimiento de los jueces y magistrados, que deben rendirle pleitesías bajo las reglas actuales. El resultado final de esta conveniente omisión es que más de 900 funcionarios judiciales le deberán su cargo, no a su talento y mérito, sino al siniestro magistrado José Ayú Prado, quien con esta acción habrá dejado una huella eterna e imborrable en el Órgano Judicial. Tamaña infamia no puede quedar impune y así lo reclama la sociedad civil organizada.