hoyporhoy

El pleno de la Corte Suprema de Justicia acordó el 27 de julio, sin excepción alguna, que más de 900 funcionarios que formarán parte del sistema penal acusatorio (SPA), fueran designados sin concurso y de forma interina. Esto significa que los nueve magistrados decidieron incumplir la Ley 53 de 2015, de Carrera Judicial, y sabotear la independencia de los nuevos servidores de justicia. El SPA otorga amplias facultades a los juzgadores para determinar el destino de las causas penales, desde fomentar arreglos con las víctimas, hasta rechazar los casos por ser violatorios de las garantías procesales. Como no se han implementado las instituciones de la carrera judicial, los nuevos jueces y magistrados carecen de estabilidad laboral. Si cada vez que van a tomar una decisión, estos nuevos funcionarios deben considerar su permanencia en el empleo, se habrá desperdiciado una oportunidad de lujo de mejorar la administración de justicia en el país. Con su cadena de decisiones, desacertadas la gran mayoría, los miembros de la Corte Suprema han sido irresponsables e injustos con la justicia. Este error histórico es imperdonable.