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Las autoridades de la Universidad de Panamá (UP) tienen la obligación de velar por la correcta ejecución de su presupuesto, que además debe cumplir con los principios básicos de legalidad, equidad y pertinencia. Desafortunadamente, en los últimos 20 años estos no han sido los principios con que se ha regido la administración del rector Gustavo García de Paredes. Muy oportuna ha sido la posición adoptada por el contralor general de la República, quien ha decidido actuar de oficio contra la ignominiosa decisión del Consejo General Universitario de conceder un aumento a los bonos extraordinarios a los académicos que se retiren o jubilen, para evitar un perjuicio a la UP. La respuesta usual de esperar a que se pongan las famosas denuncias y se aporten las pruebas por parte de los ciudadanos es un flaco favor a la democracia. Demostrado ha quedado que es posible para la administración pública funcionar de forma más responsable y sensible a las necesidades de todo el país, y no darle la espalda como lo ha hecho el rector saliente, que deja una universidad en jirones de vergüenza.