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Nuestra fuerza pública, que además de la Policía Nacional la integran el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio de Protección Institucional, tiene el deber constitucional de la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentran en la jurisdicción del Estado panameño. No en vano el lema de la Policía es “Proteger y servir”, una tarea extremadamente delicada que requiere de sacrificio, vocación y absoluta integridad de quienes la dirigen y la componen. Las últimas noticias sobre la vinculación de altas figuras de estos estamentos de seguridad con graves delitos, sin bien son positivas porque nos indican que las instituciones actúan contra las manzanas podridas, no dejan de ser escalofriantes. No solo nos enrostran la lamentable realidad de que nuestros estamentos de seguridad han sido penetrados, de una u otra forma, por la corrupción y el narcotráfico, sino que nos llaman a reforzar la lucha contra esos flagelos y sobre todo a fortalecer la justicia. Ese es el único camino que nos queda como Estado de derecho. No actuar en esta dirección es dejar nuestras vidas y bienes en manos de los malhechores.