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En un país en el que se irrespeta la seguridad jurídica de los ciudadanos y en el que estos se ven sometidos a la arbitrariedad de ciertas autoridades y a los vaivenes de la industria inmobiliaria, se hizo necesario que la sociedad civil se organizara para defender sus intereses. Desde que nace la Red Ciudadana Urbana se han adelantado 42 procesos administrativos y judiciales buscando acabar con la indefensión de las 35 comunidades que forman parte de este organismo. Lamentablemente, gobierno tras gobierno, se ha evidenciado la complicidad y la desidia de autoridades ambientales, municipales y sobre todo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Tenemos una situación en la que los vecinos deben protegerse contra algunos inversionistas inescrupulosos que, usando su influencia política y poder económico, han logrado cambios a las zonificaciones y autorizaciones expeditas y a la carta que explican mucho del caos urbanístico que vive la capital. Gracias al despertar de la sociedad, la Red Ciudadana Urbana representa una valiosa herramienta de lucha para que se respeten sus derechos en materia del ordenamiento territorial, en busca de una convivencia sana y justa.