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El 23 de octubre de 2006 se confirmó lo que sabíamos: nuestro transporte público era una bomba de tiempo a punto de estallar. Hoy, 10 años después, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes a la tragedia del 8B-06 aún tienen que enfrentar la indiferencia de las autoridades, el poco importa de los reguladores y la desidia del sistema de salud. Ahora tenemos el Metro y en algunos años más, será viable la red de monorriel que servirá de espina dorsal del nuevo sistema de transporte público, que deberá convivir con los piratas, los diablos verdes y diputados transportistas que actúan como miembros de una cofradía tenebrosa. Una década es un periodo suficientemente largo para haber resuelto, en gran medida, los problemas del transporte colectivo y selectivo. Ese gran fracaso constituye una deuda pendiente que tiene la clase política, y tres gobiernos distintos que no fueron capaces de cumplir con la obligación fundamental de un Estado: hacer cumplir la ley. Ese es el desafío fundamental que debe resolver Panamá para honrar a las víctimas, para tratar con dignidad a los sobrevivientes y brindarle seguridad a los ciudadanos.