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La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa lanzada por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton en el año 2012 para que los gobiernos de los países democráticos del mundo se comprometieran de forma voluntaria a una serie de reformas políticas e institucionales que aumentaran la transparencia, la rendición de cuentas y la efectividad de las actuaciones gubernamentales. Dentro de esta iniciativa, Panamá acordó que los diputados no administrarían partidas de fondos públicos para donaciones o apoyos sociales. Así fue suscrito por la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, y el Ministerio de Economía y Finanzas con la sociedad civil panameña. El incumplimiento de este pacto demuestra la auténtica voluntad que tiene la clase política para combatir la corrupción, erradicar el clientelismo y fomentar la integridad en la relación entre los gobernantes y gobernados. La hacienda pública no se puede manejar como la caja menuda de los políticos de turno. Cuando la eficiencia y la transparencia del gasto público aumenta gana toda la sociedad, y los ciudadanos fortalecen la legitimidad del Estado y de los partidos políticos.