La tierra es la principal riqueza de los panameños. Una finca, un terreno o un lote ha sido el comienzo de muchas empresas y de importantes sueños de miles de familias. Ahora, esto es cada vez más difícil, porque la política de tierras y la institucionalidad que las administra presentan un rezago y un terrible desfase con la realidad social y ambiental del país. El marco legal de un Código Agrario arcaico, aplicado por distintas agencias estatales, rehenes del clientelismo y de la corrupción, permite que en Panamá se vendan hectáreas de bosques a 6 dólares cada una, facilitando el acaparamiento y la concentración de la tenencia de la tierra. Se le ha negado la posibilidad a distintas poblaciones de crecer y prosperar, porque no hay disponibilidad de espacio, producto de la generosa titulación a favor de los amigos del poder. Todo esto ha causado que hayamos perdido superficies de siembra, manglares y ojos de agua, y se han destruido los ecosistemas y hogares de decenas de especies. Necesitamos una legislación moderna y una institucionalidad transparente que garanticen la gestión responsable de las tierras por el bien de todos los panameños.