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En América Latina, los fiscales anticorrupción y los jueces que conocen estas causas tienen que enfrentar durísimas condiciones de trabajo y amenazas ciertas y directas a sus vidas, su patrimonio y su carrera profesional. Los hechos recientes, que incluyen la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina y el asesinato de jueces en México, y la intimidación de los fiscales y jueces del caso Lava Jato por parte de los políticos brasileños, son lamentablemente la norma y no la excepción. Estos servidores públicos son la última línea de defensa del Estado de derecho y la democracia en nuestra región. Paga más servir a un corrupto como defensor, que luchar por cinco años como fiscal persiguiendo a los delincuentes que carcomen a las sociedades latinoamericanas. Todos podemos hacer mucho más para respaldar a jueces y fiscales, empezando por las propias autoridades presupuestarias que pueden mejorar salarios y proveer los recursos necesarios para igualar las cargas en la lucha contra la corrupción. Esta es la definición fundamental de nuestras naciones: ser transparentes o ser cómplices de la corrupción. No hay medias tintas.