Los documentos dados a conocer ayer por los fiscales estadounidenses confirman una sospecha de la opinión pública panameña: la constructora brasileña Norberto Odebrecht pagó 59 millones de dólares en coimas durante el gobierno de Ricardo Martinelli a funcionarios y a otros intermediarios. El sentido común y la decencia eran suficientes para entender que una sola empresa no podía obtener en buena lid casi 9 mil millones de dólares en contratos públicos, en los más diversos temas, a lo largo de tres gobiernos distintos. Ahora, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República tienen que actuar contundentemente. Ya no es posible seguir encubriendo a los políticos y funcionarios, miembros de los principales partidos que fueron beneficiados con el “cariño” brasileño. La adicción a los megaproyectos, la cortadera de cinta y el dinero fácil han corrompido hasta el tuétano a nuestra clase política. Estamos a tiempo de hacer justicia por vía institucional. La procuradora y sus fiscales saben perfectamente por dónde empezar.