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Son preocupantes las tibias reacciones de las autoridades del gobierno frente a los informes de sobornos pagados por la empresa Norberto Odebrecht. Entendamos que una compañía contratista del Estado pagó 59 millones de dólares a altos funcionarios panameños para obtener jugosos proyectos. Por encima de las tareas que le correspondan al Ministerio Público, hay responsabilidades administrativas y políticas que el presidente de la República y sus ministros deben atender. Las coimas pagadas fueron encubiertas como sobrecostos de las obras realizadas. El Estado debe demandar civilmente a la constructora brasileña para recuperar los dineros robados al tesoro público, y conocer toda la verdad sobre su relación con nuestro país. Si se tomaron las precauciones adecuadas, no hay peligro de paralización de obras, al sustituir a la constructora brasileña. Y por supuesto, los panameños no queremos que esa empresa participe en ninguna otra licitación con el Estado. Es ingenuo creer que fueron corruptos con un solo gobierno, y que en los demás se comportaron como unas hermanas de la caridad. Todavía faltan más capítulos de esta tragedia.