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Las cientos de víctimas del dietilenglicol –vivas y fallecidas– aún esperan justicia. Parece mentira, pero este ha sido el mayor envenenamiento masivo del que se conozca en Panamá y aún no hay condena alguna contra los responsables. Y la injusticia es doble porque ni hay responsables ni los pacientes reciben la atención que se merecen en la Caja de Seguro Social, a pesar de que fueron funcionarios de esta institución los que actuaron con imperdonable negligencia. Pero lo que verdaderamente es aborrecible es la indolencia de algunos jueces y magistrados del Órgano Judicial que permiten esta abusiva dilatación de los procesos, promovida en muchos casos por abogados que buscan la prescripción de los procesos sin sentencia para sus clientes o funcionarios judiciales que engavetan expedientes para lograr el mismo fin. Si el Órgano Judicial no resuelve las apelaciones, el caso será otro en el que primará la impunidad, por su inexcusable falta de diligencia para llevar a término estos casos, que tanto luto y dolor han causado desde que se produjo la primera muerte.