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Las mejores políticas públicas son el resultado de la alta calidad de la información disponible. Por esto es destacable el diagnóstico de la realidad social de las mujeres privadas de libertad que realizó el Ministerio de Gobierno con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Datos relevantes de este estudio demuestran que el 81% de las privadas de libertad son madres de, al menos, dos hijos; mientras que el 70% de las mujeres encarceladas en nuestro país tienen una causa vinculada con los delitos de droga. Este estudio permite definir el perfil socioeconómico de las ciudadanas en los centros penitenciarios del país, y descubre una víctima invisible: los hijos de las detenidas y condenadas enfrentan profundos traumas psicológicos, así como el fracaso y la deserción escolar, y son propensos a todo tipo de abusos que los puede llevar a convertirse en nuevos delincuentes. Estos no son problemas que se pueden resolver con el cemento y los jamones. Se requiere de una intervención social prolongada que ayude a reconstruir a las familias y a reinsertar exitosamente a las privadas de libertad.