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El país sigue en zozobra, pese a que poco a poco se han ido revelando detalles sobre las operaciones criminales que a través de nuestro sistema financiero llevó a cabo Odebrecht. Sin embargo, todavía no se sabe el verdadero alcance de sus fechorías. Corresponde a la Contraloría General de la República ordenar auditorías a todos los proyectos encargados a esta empresa, las cuales deberían ir de la mano de la elaboración de sus respectivos análisis de costos y avalúos. Solo así las autoridades del Ministerio Público podrán hacer las investigaciones de rigor, a fin de determinar posibles lesiones al Estado. Aun cuando la iniciativa del sector privado es altamente positiva y ayudará a determinar responsabilidades, los panameños exigimos que las autoridades investiguen detenidamente cada uno de esos contratos, y con la debida transparencia y rendición de cuentas le informen a la ciudadanía de sus resultados. Ya han pasado dos años y ocho meses y es preocupante que la Contraloría siga obstaculizando las investigaciones al no realizar auditorías, solicitar análisis de costos y avalúos.